Consejo de la Magistratura

20° Aniversario de la Institución y Jura de Consejeros

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Hoy se conmemoró en nuestra Institución el 20 Aniversario de su creación. 

La jornada se inició con las palabras de la Dra. Sandra París, Consejera de nuestra Institución y organizadora de la jornada conmemorativa. 

A continuación tomó la palabra el Dr. Sagués, actual Consejero Suplente y miembro de la primer conformación de la Institución, dónde entre otras cuestiones hizo hincapié en los “incicios, dificultades y desafíos que se presentaban por aquél entoces y en los denodados esfuerzos de aquellos integrantes por buscar un justo equilibrio en los perfiles de los candidatos a seleccionar”.

Por su parte el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Gustavo Ferrari “destacó la labor realizada por la Institución en sus 20 años de vida, la permanente búsqueda de consensos, y la capacidad de ser disruptivos en los tiempos actuales”

A continuación, el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Salvador destacó “la disposición y valentía de los integrantes de este consejo, de su ardua labor en la búsqueda de los mejores perfiles que eventualmente el día de mañana accederán a la judicatura bonaerense”.

Por último el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo Néstor de Lázzari resaltó “la importancia y la trascendencia que adquiere la Institución, ya que no sólo se trata de considerar las condiciones y habilidades de los postulantes solamente desde el punto de vista de sus conocimientos juridícos y profesionales”. Para agregar luego que:” Si la función del Consejo fuese exclusivamente en determinar quiénes están más capacitados desde lo académico científico, toda esta estructura podría ser reemplazada fácilmente por un grupo de juristas especializados… Un magistrado es más que un experto en derecho, es alguien que decide las cosas de otros y para cumplir esa misión tiene que arrivar a soluciones justas. Para entender lo justo, hay que estar inmersos en la realidad, y la realidad nos dice que el derecho no es solamente normas, es también principios y valores, comportamientos sociales, conocimientos que la ley manda, pero que los jueces interpretan. Los abogados argumentan, los teoricos producen y los doctrinarios crítican…

Con el descubrimiento de la placa en el Hall central dónde da cuenta de los 20 años de historia de nuestra institución, culminó la conmemoración de nuestro 20 Aniversario.

Fueron parte de las celebraciones El presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Daniel Salvador, La presidente de la Suprema Corte de Justicia Dra. Hilda Kogan, el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Dr. Gustavo Ferrari, el Sr. Procurador General Dr. Marcelo Julio Conte Grand, el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires Dr. Mateo Laborde, el Asesor General de Gobierno Dr. Marcelo López Mesa, Consejeros y demás autoridades provinciales.

Jura de Consejeros 

Antes de comenzar con los Festejos por el 20 Aniversario de la Institución, Juraron en el Consejo de la Magistratura renovando mandatos los Dres. Javier García y Humbeto Bottini como Consejeros Titulares, y los Dres. Carlos Altuve y Javier Mariani como Consejeros Suplentes respectivamente.

 

Discurso Dr. Eduardo Néstor de Lázzari

Este aniversario del Consejo de la Magistratura es oportuno para formular algunas reflexiones.

Aquí nos ocupamos de seleccionar mujeres y hombres que habrán de desempeñarse como magistrados, que tendrán a su cargo la responsabilidad de decidir los conflictos de la sociedad. En los tiempos que nos toca vivir, signados por el descreimiento en las cosas de la justicia, la trascendencia de esta misión se agiganta. En estas circunstancias, seleccionar personas para ser operadores del derecho se hace entonces harto difícil.

Convengamos, en primer lugar, que no se trata de considerar las condiciones y habilidades de los postulantes solamente desde el punto de vista de sus conocimientos jurídicos y profesionales. Si la función del Consejo consistiera exclusivamente en determinar quiénes están más capacitados desde lo académico científico, toda esta estructura podría ser reemplazada fácilmente por un grupo de juristas especializados que evaluaran específicamente el grado de conocimiento que tengan del derecho los postulantes.

Pero un magistrado es algo más que un experto en derecho. Es alguien que decide las cosas de otros y para cumplir esa misión tiene que arribar a soluciones justas. Naturalmente, para entender lo justo hay que estar inmerso en la realidad. Y la realidad nos dice que el derecho no es solamente normas. Es también principios y valores, comportamientos sociales, símbolos, conocimientos. Es lo que la ley manda pero también lo que los jueces interpretan, los abogados argumentan, los teóricos producen y los doctrinarios critican.

La principal herramienta que utilizan los magistrados es el Derecho. Y no nos engañemos. El Derecho trata del poder. Su objeto es encausar y disciplinar los cursos de acción que de otro modo quedarían librados a la voluntad unilateral, anárquica y sin limitaciones de aquellos que se encontraren en posición de imponer a los demás su voluntad y su interés. El Derecho racionaliza así el poder. El poder del gobernante, de la policía, del empresario, de las corporaciones, de los bancos, de las financieras, de los monopolios, de los grupos económicos, de los medios de comunicación, de las multinacionales, de los empleadores, de los locadores, de los trabajadores, de los consumidores, de los propios jueces, de la multiplicidad de factores económico sociales que operan en la realidad. El derecho intenta hacer compatibles los derechos de cada uno de esos sectores en procura de la paz social.

El Derecho no es otra cosa que un método de organización del poder, una ordenación de la convivencia social, un conjunto de medios técnicos adecuados de control con el objeto de garantizar ciertos valores prioritarios.

Esta compleja operación social dista de ser neutral porque adquiere dirección según las formas de la distribución efectiva del poder en la sociedad. Es un discurso ideológico en la medida en que produce y reproduce una representación de los hombres respecto de sí mismos y de sus relaciones con los demás. Porque el derecho pregona que todos los hombres son libres e iguales, pero es necesario darse cuenta que existen diferencias efectivas y que no puede mantenerse la libertad y la igualdad en un plano simplemente formal. Entonces, hay que equilibrar las desigualdades atendiendo al plexo de valores contenidos en las normas fundamentales.
Y así, pesa sobre el Consejo la enorme responsabilidad de seleccionar a aquellos que tengan claros estos conceptos. Los que poseen la adecuada calificación científica pero de igual modo cuentan con honorabilidad, integridad, prudencia, valentía, responsabilidad y respeto irrestricto por los valores democráticos y los derechos humanos. Los que no se ahogan en formalismos inconducentes. Los que conciben el proceso judicial como instrumento para encontrar la verdad. Los que escuchan debidamente el lamento de los pobres, de los marginados, de los victimados, de los desprotegidos, de los vulnerables. Los que se preocupan en serio por la violencia de género, los niños, los discapacitados, los diferentes, los discriminados, prestando atención no sólo a lo teórico del derecho sino fundamentalmente al sentido de justicia.

Los que tienen claro que el ordenamiento jurídico no debe ser funcional al orden del más fuerte sino al orden justo. Los que combaten con todas sus fuerzas los desvíos y la corrupción. Los que aseguran, en los hechos, la independencia judicial.

Sea propicio este aniversario para reafirmar la inquebrantable decisión de responder adecuadamente a ese desafío. Al fin y al cabo se trata, simplemente, de materializar lo que viene ya desde el Preámbulo de la Constitución Nacional: afianzar la Justicia.

Muchas gracias.

Discurso Dr. Guillermo Ernesto Sagués

Señor Vice Gobernador
Señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia
Señor Procurador General
Señor Asesor General de Gobierno
Señor Fiscal de Estado
Señor Ministro de Justicia
Señor Presidente del Consejo de la Magistratura
Señores y señoras miembros del Consejo de la Magistratura, y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Colegas,

En primer lugar debo de agradecer el inmerecido honor que se me ha dado en este acto de conmemoración de los veinte años de vida del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires para dirigirme a ustedescomo integrante de su primera composición.

Hace poco llegó a mis manos un comentario que en forma parcial me permitiré compartir

“La Justicia es lenta, ineficaz arbitraria, incoherente, discriminatoria, abusiva, inoperante, de difícil acceso, cara, con pobre calidad en sus fallos, dependiente, poco transparente, no igualitaria, y en donde el corporativismo y la corrupción de algunos de sus miembros son la nota dominante”.

Estos juicios, sin duda alguna pecan de la exageración propia de las generalizaciones, que con ser malas son peores cuando comprenden asuntos de particular sensibilidad social como cuando se trata de los temas de la Justicia.

Cualquiera diría que son producto también de la mala intención, la falta de información y la ignorancia o una combinación de todo ello, proveniente de los denominados comunicadores sociales que conforman un variopinto conjunto de opinólogos que lanzan diariamente juicios fulminantes sobre la Justicia en general y últimamente y con mayor intensidad y cantidad sobre la de nuestra provincia.

Sin embargo, lo que he leído antes se extrae del Programa Para la Justicia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para el año 2004.
Precisamente para hacer todo lo necesario para que eso no pasara nació hace 20 años el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires
Producto de la reforma constitucional de 1994 el Consejo de la Magistratura comenzó a funcionar el 24 de junio de 1997 cuando asumieron sus cargos sus primeros integrantes.
Ese es el frío dato histórico.

Se han cumplido veinte años del día en el que luego de que la Suprema Corte tomara juramento a los miembros del flamante Consejo, su primer presidente formuló una hipótesis que propuso a la meditación:
"El nacimiento del Consejo de la Magistratura puede constituirse en el hecho más trascendente en la historia de la justicia de la provincia Buenos Aires"
El organismo tuvo sus primeras sesiones en la antigua sede del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires en 14 y48 para pasar en poco tiempo a la pequeña casa de la calle 43 entre 3 y 4.

Sus primeros pasos implicaron de inmediato la asunción de tareas y responsabilidades de enormes dimensiones que ningún órgano similar en el mundo tuvo que afrontar.

La elaboración y aprobación del reglamento interno que perfiló su desenvolvimiento y los concursos a convocarse inmediatamente, las resoluciones interpretativas, las pruebas con 300 o más concursantes que debieron llevarse a cabo en la escuela de policía y en dependencias del servicio penitenciario, entrevistas personales que comenzaban a las 8 de la mañana de un día y finalizaban a las 2 de la madrugada del siguiente sin solución de continuidad fueron sólo el comienzo.

A la par,el Consejo en aquellos días, hubo de organizar y llevar hasta el final la selección de los Juecesdel Fuero en lo Contencioso Administrativo, hacer lo mismo con toda la Justicia en lo Civil y Comercial de La Matanza y cubrir el resto de las vacantes que se iban produciendo por todo el territorio provincial.

Sin equipos informáticos suficientes, incorporándose el personal mínimo a medida que las necesidades iban creciendo, sin presupuesto asignado, en medio de incomodidades físicas de todo orden, el Consejo trabajó sin pausa para que las leyes se cumplieran.

Las cifras de aquellos días a veinte años de distancia hablan por sí mismas con la contundencia que tiene la aritmética.
Entre 1997 y 2001 se acreditaron a exámenes 11851 postulantes, se aprobaron 3479, se elevaron 3348 ternas. En 1998 fueron 492 ternas, en 1999,237, en 2000,282. Hubo que esperar diez años para alcanzar en 2008, las 284 ternas.

Y todo se hizo con quienes asumieron con plena conciencia y dedicación la responsabilidad que se les había asignado.

Ninguno claudicó o defeccionó y las naturales diferencias de un cuerpo colegiado integrado por profesionales del derecho que reconocían diversidad de origen en su representaciones, fueron siempre superadas en un clima en el que la búsqueda del consenso comprendía el respeto de la opinión ajena.

Hubo que resolver cuestiones que se enmarcaban en la interpretación de leyes y hasta de normas constitucionales, motivarlas y justificarlas.

Ernesto Ghione, Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín fueron los primeros presidentes que provenían del sitial más alto del Poder Judicial,asumieron su responsabilidad como uno más de los consejeros y condujeron al cuerpo con autoridad, respetando las divergencias y contribuyendo en todos los casos a la mejor solución posible.

Jamás ninguno de ellos hizo exhibición del petulante argumento de autoridad.

Marcozzi, Zalezzi, y Anglada junto a otros, fueron los permanentes y sacrificados colaboradores de los consejeros.

Sabido es que el fin esencial de la institución es uno: seleccionar a los mejores aspirantes para acceder al poder judicial de acuerdo a reglas preestablecidas, públicas y objetivas.
Si esa finalidad se cumple además de la elevación de la calidad de la Justicia sucede una natural consecuencia: el fortalecimiento de la independencia judicial.
El Consejo no es ni será nunca un organismo solamente técnico si ese concepto se lo contrapone al de órgano político, porque su propia naturaleza y composición están envueltos en una sustancia política que se enlaza con sus altos fines institucionales.

Lo que vino a hacer el Consejo es limitar la discrecionalidad política para evitar que la selección sea el producto de digitaciones, del amiguismo o la pertenencia partidaria. Eso es lo que en España se llama el “sistema del botín” o en Italia eldel “loteo”.

Hay que ser muy honestos y reconocer que existen rémoras que no han podido ser superadas. Nadie puede sentirse ajeno a esta aguda distorsión del funcionamiento y de los finesde la institución.

Pero también es cierto que quien tiene más poder específico es a quien se le endilga siempre, la mayor cuota de responsabilidad.

El tiempo pasado ya permite extraer conclusiones de lo sucedido a modo de balance.

La imagen que tiene la sociedad de la Justicia está muy lejos de ser buena y su nivel de confiabilidad es muy bajo.

Sin dudas puede afirmarse que la situación no es la que describe el diagnóstico español, pero se está bastante lejos de lograrse que el sistema judicial tenga el suficiente consenso, aceptación de la comunidad y prestigio imprescindibles en un Estado de Derecho.

En todo caso, se trata de la medida con la que una y otra sociedad evalúan el funcionamiento de sus instituciones. Lo que en un lugar es desastroso en el otro hasta puede parecer razonable.

Lo cierto es que poco se aporta a todos los que se desempeñan honesta y sacrificadamente, que trabajan mucho todos los días para que la Justicia funcione bien (que afortunadamente son la mayoría), en medio de carencias y dificultades de toda índole si en la realidad no hacemos nada para que las cosas cambien y no sean abarcados todos por la opinión negativa.

Y podemos criticar a los medios, a los periodistas, a los juzgadores de hecho y a los improvisados, rechazar sus condenas, absoluciones, y sus absurdas conclusiones,pero la verdad es que la sociedad no está conforme.

El Consejo de la Magistratura debe hacerse cargo de lo que es el producto compartido de sus decisiones. Ha habido muchos aciertos, y también errores.
Eso es verdad.

El Consejo no tiene responsabilidad alguna cuando en casos particulares algunos tomen la magistratura por asalto,o se alcen contra el derecho y la razón en sus resoluciones, o que se corrompan, o que vendanniños,o que tengan alteraciones mentales reales o simuladas, y den vergüenza ajena inventando delitos graves cuando debían perseguirlos o que cometan ilìcitos en el ejercicio de sus funciones, o que dediquen su tiempo a aparecer hasta la saturación en las revistas de chismesexhibiendo una frivolidad impropia de la judicatura oque concurran a la televisión para desarrollar teorías políticas y sociales con aires de sabiosde café,invadiendo groseramente la esfera de competencia de los otros poderes del estado con grave desvío dela función jurisdiccional.

El Consejo no es una avalista que deba responder por patologías como las señaladas, pero sí está obligado -como actor necesario-, a cambiar sustancial y drásticamente algunas cosas, para que la Justicia vuelva a tener respeto y la consideración de toda la sociedad.

No existen tenebrosas conspiraciones,sino problemas estructurales, carencias presupuestarias,procedimientos anticuados, baja utilización dela tecnología y también, demasiadas decisiones judiciales inexplicables.
Y cuando no se puede explicar algo sin recurrir a artificiosos tecnicismos que son telarañas del razonamiento, la Justicia se torna de opacidad sospechosa.
Hay que asumir la realidad y cambiar normas y procedimientos, aunque será mucho más importante modificar conductas y actitudes, dejando de lado los intereses sectoriales o políticos sosteniendo un fuerte compromiso con la finalidad de obtener un mejoramiento de la calidad de la justicia para los bonaerenses.

Debe renovarseel sistema de oposiciones y concursos, para pasar a exámenes o pruebas sobre elmétodo de casos, solución adoptada universalmente en los procesos de selección similares, privilegiar con objetividad e igualdad de oportunidades los antecedentes y el origen profesional de los postulantes, resaltar la función y valoración de las entrevistas personales, y fijar ordenes de mérito al resolverse las ternas, a la vez que terminar conuna suerte de localismo absurdo que divide irregularmente a la provincia y trata como a extranjeros indeseables a colegas que viven o trabajan muchas veces al otro lado de una avenida.

Así como la aspiración de tener una escuela judicial obligatoria que debe ser un objetivo político institucional de primer orden también debe serlo respetar la Constitución en el equilibrio estamentario del organismo.

Seguramente existirán resistencias a los cambios como siempre sucede cuando estructuras y costumbres se consolidan en el tiempo.
Pero ellas están destinadas inexorablemente a ser superadas porque la voluntad de derribar los escollos para que el pueblo de la provincia obtenga mejor calidad en la prestación el Servicio de Justicia (aun cuando pudiera reducirse al Poder Judicial al concepto de servicio), no se detendrá.

El Consejo en su actual integración ha dicho públicamente hace poco tiempo entre otras cosas:

Que la virtud en un magistrado es inconciliable con la abulia, la pereza, el amiguismo, la pura burocracia, la falta de compromiso o el vedetismo mediático.

Que no se ahoga en formalismos y ritualismos inconducentes. Que preserva el valor eficacia. Que posee capacidad de gestión. Que entiende la libertad y la igualdad no solamente en un plano simplemente formal. Que equilibra las desigualdades atendiendo al plexo de valores contenidos en las normas fundamentales. Que combate con todas sus fuerzas los desvíos y la corrupción. Que asegura, en los hechos, la independencia judicial.

Para el Consejo, un magistrado debe poseer inexcusablemente calificación científica, pero de igual modo contar con honorabilidad, integridad, prudencia, valentía, responsabilidad y respeto irrestricto por los valores democráticos y los derechos humanos.

Al cabo del tiempo transcurrido, ha de darse una respuesta afirmativa a la hipótesis propuesta por el primer presidente.

El Consejo de la Magistratura se ha convertido en el hecho más trascendente en la historia judicial de la provincia Buenos Aires.

Para que esa trascendencia institucional sirva para que el pueblo de la provincia tenga una mejor Justicia, debemos todos recordar cada día aquello sobre lo que advertía Calamandrei:
“El Estado siente como esencial el problema de la elección de los jueces; porque sabe que les confía un poder mortífero que mal empleado, puede convertir en justicia la injusticia, obligar a la majestad de la ley a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito”

Estoy seguro que cumplo con el deseo de aquellos que integraron el Consejo de la Magistratura por primera vez, dedicandohoy nuestro obligado, justo y emocionado recuerdo para Mario Monachelli Erquiaga mentor de la ley 11868, y para Alberto Balestrini, Rodolfo Diaz, Pablo Egyptien, y Edgar Valiente que soñaron hace veinte años, que un día como el de hoy, al fin llegaría.

Muchas gracias

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